A pesar de contar con una de las mayores reservas de litio del mundo, Bolivia no ha logrado transformar esta riqueza natural en una palanca de desarrollo económico. A pocos días de las elecciones presidenciales, el debate sobre el futuro del llamado «oro blanco» vuelve a ocupar un lugar central, mientras el país atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas. La combinación de decisiones políticas erráticas, fallos técnicos, resistencia social y un contexto internacional complejo ha postergado por casi dos décadas la consolidación de un modelo de aprovechamiento sostenible del litio.
La ilusión que no se realiza
Desde 2008, con el anuncio del entonces presidente Evo Morales sobre la industrialización del litio, Bolivia generó expectativas tanto a nivel local como internacional. Se trataba de un plan ambicioso que no solo buscaba extraer litio, sino también producir baterías y vehículos eléctricos completamente fabricados en el país. Sin embargo, tras múltiples intentos fallidos de asociación con empresas extranjeras y la declaración de una «soberanía del litio» basada en capital estatal, los resultados han sido limitados.
Hasta el momento, Bolivia dispone de una única planta estatal cuya producción es tan reducida que no aparece en los registros internacionales. Las inversiones de millones no alcanzaron las metas establecidas, y la carencia de experiencia técnica, junto con una política de aislamiento, han obstaculizado el desarrollo de una cadena de producción competitiva.
Intentos recientes, obstáculos pasados
En un contexto marcado por la necesidad urgente de divisas y crecimiento económico, el gobierno del presidente Luis Arce promovió nuevas asociaciones con empresas extranjeras. Propuso un contrato con firmas de China y Rusia para implementar la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), considerada más eficiente y menos contaminante. Sin embargo, el proyecto enfrentó una fuerte resistencia en la Asamblea Legislativa, donde se cuestiona la transparencia del proceso, así como la idoneidad técnica de las compañías seleccionadas.
Las observaciones también señalan la falta de diálogos anticipados con comunidades locales, especialmente cerca del Salar de Uyuni, donde hay inquietud por el uso excesivo de agua y la falta de planes definidos para la remediación ambiental. La implicación de empresas estatales no especializadas en minería, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la revisión técnica de las solicitudes ha sido otro tema polémico.
Una crisis económica que no da tregua
La disputa en torno al litio se da en un momento de alta fragilidad económica. La inflación interanual ha alcanzado niveles no vistos desde los años ochenta, las reservas internacionales están al borde del agotamiento y la escasez de combustible y alimentos genera protestas en varias regiones del país. Las largas filas para acceder a productos básicos son parte del paisaje cotidiano, mientras la incertidumbre política y social impide alcanzar acuerdos duraderos.
La división interna del Movimiento al Socialismo (MAS), separando a Evo Morales y Luis Arce, ha detenido decisiones importantes. Esta escisión política ha debilitado la capacidad de gobernar y ha impactado en la confianza hacia los intentos de promover el desarrollo del litio, sea a través de modelos estatales o mediante asociaciones con inversión extranjera.
La perseverancia de las comunidades
Uno de los factores más determinantes en el estancamiento del litio es la desconfianza de las comunidades indígenas hacia cualquier modelo que no garantice beneficios locales. La experiencia histórica con otros recursos naturales, como el gas o el agua, ha dejado un legado de promesas incumplidas y una percepción de exclusión. Este contexto social condiciona cualquier avance, especialmente si no se respetan mecanismos de consulta previa ni se ofrecen garantías de reparto equitativo de los beneficios.
Las organizaciones que defienden el medio ambiente han señalado los peligros de realizar una extracción excesiva sin normas definidas. Aunque el litio es un recurso clave, es esencial un enfoque que sea responsable y sostenible, teniendo en cuenta tanto el impacto sobre la ecología como la participación de las comunidades locales en el proceso de decisión.
Entre la urgencia y la incertidumbre
Con los comicios presidenciales fijados para el 17 de agosto, el destino del litio en Bolivia permanece en incertidumbre. La ausencia de acuerdos y la desconfianza hacia las partes involucradas han transformado este recurso, que alguna vez fue visto como la clave para el progreso, en un emblema de chances desaprovechadas. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, el gobierno entrante tendrá el reto de establecer un plan claro y factible para la explotación del litio.
La construcción de un marco legal que permita alianzas público-privadas, la profesionalización de las instituciones encargadas del recurso, la transparencia en las licitaciones y el respeto a los derechos de las comunidades locales serán condiciones necesarias para destrabar un proceso que lleva más de 15 años empantanado.
Bolivia cuenta con una de las mayores reservas minerales del mundo; sin embargo, transformar esta ventaja en progreso necesita más que palabras. Requiere determinación política, habilidades técnicas y, sobre todo, una perspectiva nacional que coloque el bienestar común por delante de los beneficios inmediatos. El «Dubái del oro blanco» continúa siendo, por ahora, una promesa sin realizar.
